• Winckler, Even, los reveses de la SCJN y del Senado, síntomas de un mal trabajo desde la bancada
Al Partido Acción Nacional en el Congreso de Veracruz no le está yendo bien. Va de fracaso en fracaso, dando tumbos. Definitivamente éste no ha sido un buen año para sus representantes en el Poder Legislativo. Lo recordarán como el año de la separación de Winckler de la Fiscalía General del Estado y la validación del procedimiento por la SCJN. Mismo destino tuvo en el Senado el intento de desaparecer los poderes en la entidad. Mientras, ante la ausencia del Fiscal Anticorrupción, la llegada del relevo está a la puerta. Algo no está haciendo bien la oposición.
Los diputados panistas, encabezados por Sergio Hernández Hernández, recordarán la tarde del 3 de septiembre cuando, en sesión ordinaria de la Diputación Permanente, Jorge Winckler Ortiz fue separado del cargo de Fiscal General del Estado, por no cumplir el mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo. Lo que podría considerarse como el primer fracaso del PAN.
De acuerdo con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio de 2008, respecto del artículo 123, apartado B, fracción XIII, quedó establecido que “…Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones… “.
A este respecto, los mandatos contenidos en los artículos 1 y 21 constitucionales exigen la emisión de una medida cautelar consistente en la separación temporal de quien ocupa la titularidad en la FGE. Fue así como Verónica Hernández Giadáns rindió protesta y tomó inmediatamente las riendas de dicho organismo en calidad de encargada. Urgía. Urgía actuar con determinación.
En una conferencia de prensa que diputados locales del PAN ofrecieron en conocido café del centro de Xalapa, el 18 de septiembre pasado, Sergio Hernández Hernández, quien hasta ahora encabeza dicha bancada en la legislatura local, acusó una acción de inconstitucionalidad y violación a las leyes locales y a la Constitución federal, y dijo confiar en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les daría la razón.
Luego de asegurar que presentarían “documentos importantísimos que van dejar claro quién está mintiendo, quiénes están corrompiendo la Ley y quiénes están fallándole a los veracruzanos”, también la diputada María Josefina Gamboa Torales, a la derecha de Hernández Hernández durante la conferencia, expresó su confianza en la justicia federal, en la existencia de “jueces y ministros valientes, dispuestos a rescatar las instituciones que no van a permitir esto”. La panista consideró entonces que el caso iba más allá de la destitución del fiscal Winckler, sino que es la destitución de un poder.
La resolución ya es conocida por todos: el máximo tribunal judicial del país desechó la acción de inconstitucionalidad presentada por los 17 diputados locales, con la que pretendían revertir la suspensión temporal de Winckler Ortiz, y avaló la actuación del Congreso veracruzano.
En el portal del organismo, se especificó que en el expediente 102/2019 se “desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por los diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. Así de claro y contundente. Otro fracaso del PAN.
Ante este devenir de acontecimientos, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, dijo que “el tiempo le está dando la razón a quienes promovimos su juicio político porque había elementos de su actuar al margen de la Ley”.
El tiempo es quien pone en su lugar a quienes han defendido al exfiscal Yunista así como a los exfuncionarios que lejos de apegarse a la Ley, brindaron impunidad al grupo político del cual proceden.
La Comisión Permanente Instructora sustentó el dictamen de Juicio Político en contra del exfiscal, con base en los elementos jurídicos presentados por la parte acusadora, que respaldó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que el Poder Judicial del Estado confirmó la responsabilidad del exfiscal, con una orden de aprehensión en su contra.
En contraparte, los senadores de Acción Nacional iniciaron acciones para destituir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a diputados locales, para “evitar que continúe la crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia”. En su cuenta de Twitter, también acusaron que “Veracruz es un estado fallido”.
Los 13 diputados del PAN, con Erik Iván Aguilar López y Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Legislativo Del Lado Correcto de la Historia, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, de la bancada mixta MC-PRD, y el diputado independiente Juan Carlos Molina Palacios, (17 legisladores en total) firmaron el acuerdo de inconstitucionalidad que se presentó el 17 de septiembre ante la SCJN.
No obstante esto, el Ejecutivo estatal descalificó y desestimó cualquier acción en su contra reconociendo que los panistas “están en su derecho. Qué bueno que vigilen a los gobernantes, es parte de su labor. Yo no soy Yunes ni Duarte; no tengo cola que me pisen. Soy académico, soy maestro y estamos haciendo bien las cosas”.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó ante la prensa que las órdenes de captura en contra de Winckler y cinco de sus colaboradores se trate de una persecución política y acusó a éste de mentir a la opinión pública.
En este ir y venir de declaraciones, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, contrastó el proceder de los panistas. “Los senadores del PAN dan hasta risa”. Criticó que no hayan actuado igual en el caso Mixtla de Altamirano, donde, según el morenista, protegieron a miembros de aquel partido en el caso del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea, perpetrado el miércoles 25 de abril de este año.
“A los primeros, a los que se les debe pedir juicio político es a los diputados del PAN, que en el caso del Mixtla favorecieron al culpable”, cuestionó en referencia a Ricardo Pérez Marcos, presunto autor intelectual del homicidio.
Finalmente, este 9 de octubre, con 11 votos a favor y una abstención la Comisión de Gobernación del Senado, desechó, por improcedente, la solicitud de desaparición de poderes en Veracruz (junto con Guanajuato y Tamaulipas), por no reunir los requisitos determinados por el Artículo 76. Otro fracaso del PAN.
Ante esto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respaldó también tal determinación y rechazó que el Senado vaya a desaparecer los poderes en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
La ministra en retiro consideró que probablemente se trate de posiciones políticas, ya que la desaparición de poderes significaría “que la Federación prácticamente tome el Estado”. Sin titubeos reiteró que “no van a desaparecer, por supuesto, los poderes. Son temas políticos de los senadores”.
Por si fuera poco, la FGE emitió una orden de aprehensión más contra Winckler, con la que suma tres, y el fiscal anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, quienes, a la fecha, no aparecen. Nadie sabe dónde están.
Marcos Even, quien desde el 3 de septiembre no se ha presentado a trabajar en la FGE y registra cuatro ausencias en las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), enfrenta dos órdenes de aprehensión: la primera, solicitada por la misma instancia estatal, por el presunto delito de la privación ilegal de la libertad, y la segunda, de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Congreso local prepara el proceso para sustituirlo, ya que, de acuerdo con el artículo 35 Quarter de la Ley Orgánica de la Fiscalía, en caso de renuncia o ausencia por más de 30 días, la FGE debe notificarlo de manera inmediata al Poder Legislativo para que emita la convocatoria respectiva.
En la próxima sesión extraordinaria, las diferentes bancadas podrían llegar a un consenso respecto al relevo en la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, mediante la emisión de la convocatoria respectiva.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, precisó que, aunque ya cuentan con el oficio de notificación de ausencia de Torres Zamudio, el Congreso le debe dar entrada de manera formal.
Ante tal desorden, desde Palacio Nacional, el pasado 24 de septiembre, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al diálogo. “Mi recomendación es que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia”.
En rechazo al uso de la Ley con fines políticos, recordó su propia experiencia en 2005. “Yo padecí el desafuero y no puedo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido por venganza, para descalificar a adversarios”.
«Que se vean estos asuntos en la fiscalía, son libres. Un legislador tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, son poderes autónomos, pero sí que no se excedan utilizando esos mecanismos porque no se llega a nada”. Otro revés para los panistas.
José Manuel Pozos Castro, el diputado tuxpeño, descartó divisiones dentro de la bancada y respaldó el liderazgo de Gómez Cazarín; por lo contrario, enfatizó la fortaleza de Morena en el Congreso ante lo que reconoció como “acciones perversas que buscan desestabilizar el gran trabajo que se realiza en la LXV Legislatura”.
A partir de este recuento, mientras los diputados morenistas se mantienen sumados al esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en comunión de proyectos y pensamientos, los blanquiazules han visto complicarse el panorama, con acciones que no sólo han resultado inviables, sino contraproducentes.
Alguien debe advertir a los diputados del PAN sobre la gravedad de la situación, ante la cual deben buscar nuevo dirigente, un nuevo coordinador, que tenga claridad de rumbo, liderazgo y madurez política. Algo está fallando en la Coordinación de la bancada que hace insostenible la posición actual. En menos de un mes iniciará el segundo año de esta legislatura ¿Qué harán luego de tanto fracaso?
